La promulgación de la Ley Federal N° 14.133/21 representa una gran transformación en las prácticas de compras gubernamentales, reemplazando la Ley N° 8.666/93 y estableciendo directrices amplias para procesos de contratación más ágiles y transparentes en todos los niveles de gobierno: federal, estatal, distrital y municipal. Esta innovadora legislación abarca una amplia gama de actividades de contratación, incluyendo la enajenación, adquisición, arrendamiento, concesión y autorización del uso de bienes públicos, la prestación de servicios, incluidos los servicios técnicos y profesionales especializados, las obras y los servicios de arquitectura e ingeniería, así como los contratos de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

Para las empresas públicas y sociedades de economía mixta, los procesos de licitación están regulados por la Ley N° 13.303/2016. Estos marcos legales integrales permiten que los organismos públicos comuniquen eficazmente las oportunidades de contratación a las partes interesadas a través de medios transparentes y accesibles, garantizando la competencia leal y el mejor uso del dinero del contribuyente.

Los servicios de consultoría y asesoría jurídica del despacho en esta área incluyen:

• Análisis de escenarios y tendencias en políticas públicas;
• Planificación para el futuro suministro de servicios/obras a la Administración Pública;
• Gestión de documentación para la participación de empresas en licitaciones;
• Revisión de criterios de precios para una mayor competitividad;
• Mapeo de oportunidades de licitación y contratación en el mercado;
• Impugnación de pliegos de condiciones;
• Defensas y recursos administrativos;
• Seguimiento de procesos administrativos en la fase de ejecución contractual;
• Elaboración de dictámenes jurídicos;
• Preparación de solicitudes de reajuste/rebalanceo económico-financiero de contratos administrativos;
• Seguimiento y presentación de representaciones/denuncias ante órganos de fiscalización y control (Tribunal de Cuentas del Estado, Tribunal de Cuentas de la Unión, Contraloría General de la Unión, Ministerio Público y demás órganos de supervisión);
• Patrocinio de procesos judiciales relacionados con la materia.